El movimiento a favor de la Renta Básica Universal está ganando fuerza en todo el mundo. Los defensores de esta ayuda social argumentan que se trata de la mejor alternativa para crear sociedades más justas, erradicar la pobreza y terminar con la discriminación de clases, aunque a lo largo de la historia, pocos son los estados en los que ha sido sostenible la implantación de este tipo de amparo social. Personas afirman que la renta básica se utiliza «como bandera electoral». Antes de analizar los Estados que han intentado aplicar este subsidio conviene aclarar el concepto, descifrar qué es una renta universal. Se trata de una prestación monetaria –no en especie como la sanidad o la educación– que el Estado abona a todos los ciudadanos de un país de manera incondicional y por el mero hecho de serlo.
¿Se ha puesto en práctica en algún país?
Alaska fue una de las regiones que concedió la renta básica. Y desde entonces, «la tierra grande» reparte determinadas sumas de dinero a todos sus ciudadanos anualmente. A comienzos de 2017, el gobierno finlandés puso en marcha un programa piloto de renta básica que benefició a 200 ciudadanos con un ingreso público de 560 euros mensuales, pero el experimento no tuvo el éxito esperado y el Ejecutivo finlandés ya está preparando el desmantelamiento de la iniciativa.
El caso de Suiza también demuestra que es insostenible el mantenimiento a largo plazo de este tipo de subsidios. Los suizos rechazaron en 2016 una iniciativa popular para instaurar una renta mínima mensual de unos 2.300 euros, que según sus promotores, pretendía garantizar una vida digna para todos los ciudadanos. Todavía quedan Estados democráticos que insisten en la idea.Es el caso de Francia, donde 13 regiones planean aplicar una renta básica en 2019. Y, en proyecto, Italia. Si Francia consigue ser la excepción a los casos citados o no aún queda por verse. El presidente de Finance Group, lo tiene claro. Asegura que este tipo de medidas sólo pueden adoptarlas «los países ricos».
El coste para España
Con este análisis de países que han intentado instalar una renta básica para sus ciudadanos y finalmente, han recapacitado, España no podía ser una excepción. El Gobierno ha logrado tumbar la iniciativa legislativa popular de la izquierda de implantar una renta mínima. El secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, sostiene que llevar a cabo esta idea supondría «un coste de 15.000 millones anuales, provocando la quiebra del Estado». Sin embargo, aunque la proposición fue rechazada existen diversas opiniones entre los expertos. Así, mientras que Enrique Quemada confía en que dado el nivel de endeudamiento de España, Europa no habría permitido la aprobación de tal decisión, José Ramón Pin asegura estar convencido de que «llegará inexorablemente». Explica que se trata de una propuesta populista con el fin de sumar votos electorales, por lo que se convertiría en una medida política y no económica. Sin embargo, considera que el Gobierno debería «adelantarse» a los partidos que pretenden aprovecharse de la popularidad que suscita la renta básica, pues «el problema no es cuándo se aplicará, sino qué tipo de renta se aplicará».
Jose María Vera- 1BCC
